Cabe indicar que, la Ley Ómnibus, en vigor desde el pasado 27 de diciembre, adapta la directiva comunitaria sobre la liberalización de servicios a la legislación española, e incluye un paquete de medidas entre las que figura la supresión de la obligatoriedad de visar los proyectos profesionales, salvo en los casos en que afecte directamente a la integridad física y seguridad de las personas.

Sin embargo, los colegios profesionales (Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Industriales, Arquitectos, de Minas y de Obras Públicas, entre otros), señalaron ayer que el borrador del Real Decreto que desarrolla la ley prevé eximir del visado colegial a numerosas actividades que afectan a la seguridad y salud pública, como la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, instalaciones petrolíferas, de generación, transporte y distribución energética o el almacenamiento de carburantes, entre otras.

Para estos profesionales, el visado colegial es una garantía de seguridad para el ciudadano ya que certifica el trabajo ‘bien hecho' por un profesional cualificado para el mismo, con el añadido de la responsabilidad subsidiaria que protege al usuario, durante el desarrollo de la obra o instalación, ante posibles daños derivados del trabajo visado. Por tanto, su eliminación llevaría a los ciudadanos a una situación de desamparo.

Por ello, han transmitido al Jefe del Ejecutivo Extremeño, Guillermo Fernández Vara, la necesidad de que continúe el visado profesional obligatorio en las actividades con incidencia sobre la seguridad y salud de las personas.

Tras el encuentro, los representantes de los Colegios Profesionales han reconocido estar ‘satisfechos' dada la ‘receptividad' del presidente Guillermo Fernández Vara ante la preocupación que le habían transmitido.

A este respecto, la Asamblea de Extremadura aprobó el mes pasado, por unanimidad de los dos grupos parlamentarios, PSOE y PP, instar al Gobierno de España a que amplíe el proceso de diálogo con los agentes implicados (asociaciones de consumidores, colegios profesionales y administraciones públicas), para mantener el visado profesional en todos los trabajos técnicos que puedan afectar a la integridad física y la seguridad de las personas.

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